Catalogo de vestidos.

5 noticias nacionales que afectan a la sociedad

Duros impagos para el colectivo más frágil

Una especial acampada tenía lugar el pasado sábado en la plaza del Ayuntamiento de Paterna. Las tiendas correspondían a centros que atienden a personas con discapacidad y a los que la Generalitat millones de euros. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, por ejemplo, le debe la Consejería de Educación 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, que atiende 30 alumnos desde segundo de Infantil a los 16 años no tiene concierto y depende de un convenio con Educación que acaba de renovar tras protestar con el alumnado a la puerta de la consejería; la deuda es de 760.000 euros. A Torrepins, también de Torrent, le debe el Consell 300.000 euros.

 Eran solo una parte de los 14 los centros valencianos de educación especial concertados cuyo sostenimiento está amenazado por las deudas de la Generalitat. Pero los centros que atienden a personas discapacitadas afectados por impagos de Bienestar Social son muchos más, cerca de 250, explicaba Neus Carrasco, responsable de CC OO. La mayoría están impulsados por las propias familias. “El 85% son asociaciones sin ánimo de lucro y si no se establece un calendario de pagos, tanto las asociaciones como los trabajadores no van a poder aguantar”, advertía. Además, “la subvención no es el modelo de financiación idóneo”, subrayaba.

Estos centros se quejan de que Educación les debe dos semestres de este año y Bienestar Social el 40% de la subvención de 2013. Además, “Bienestar Social ha realizado un recorte del 10% del presupuesto” para estos centros, denunciaban los trabajadores en el manifiesto leído en la plaza de Paterna, antes de hacer un flashmob, una acción colectiva con la canción Revolución de Amaral. “Van a tener serias dificultades para garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad intelectual”.

Bajo el lema Respeto y dignidad para las personas con discapacidad, los casi cien empleados del Patronato Francisco Esteve han hecho durante dos años “marchas, jornadas callejeras, encierros familiares y profesionales, paros y manifestaciones”. Ahora, tras estar tres meses sin cobrar la nómina, “conscientes de la importancia de un colectivo tan vulnerable” como el que atienden, piden “respeto y dignidad para los trabajadores del sector de la discapacidad”. Solo cobran los maestros, que lo hacen directamente de Educación por concierto, pero no el grueso de la plantilla: educadores, fisioterapeutas o logopedas. Llueve sobre mojado. “El año pasado llegamos a estar cinco meses sin cobrar, de julio a noviembre”, explica Lore Muñoz, delegada sindical de este patronato. “Y no tenemos ninguna previsión de cobro a la vista”.

El Francisco Esteve es un complejo con un centro específico de Educación Especial, dos ocupacionales, un centro de día, otro de atención temprana y un servicio de empleo. Son muy diversas las prestaciones que proporcionan estas entidades a las personas con discapacidad. A la acampada de Paterna había llegado desde Alicante Asun Muñoz, portavoz del comité de empresa de APSA, que imparten también Programas de Cualificación Profesional Inicial, tienen viviendas tuteladas y centros de empleo con más de 200 discapacitados. “Aparte de tres meses si cobrar, estamos negociando ajustes y renuncias salariales”, explica esta sindicalista, que ha recurrido al Síndic de Greuges. “En nuestro caso, además, no hemos recibido nada de la deuda de Industria y Empleo de 2013”.

Calles de basura

La Puerta del Sol parecía el escenario de una velada de San Juan el pasado lunes. Hasta media docena de hogueras ardían simultáneamente junto al kilómetro cero y decenas de operarios de limpieza y jardines echaban sus chalecos amarillos y verdes para avivar las llamas de las que surgían unas pestilentes columnas de humo negro. “Con esos recortes no vive una familia”, comentaba con el uniforme intacto Daniel Martínez, operario del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Apenas faltaban un par de horas para la medianoche, cuando arrancó la huelga indefinida de limpieza viaria y jardines que ha convertido Madrid en un estercolero en menos de una semana.

En este tiempo, han ardido más de 170 contenedores y una veintena de vehículos de limpieza están dañados, 300 papeleras destrozadas y medio centenar de carritos estropeados. El Ayuntamiento ha arremetido contra la acción de piquetes violentos a los que califica de “guerrilla urbana”, ha habido una decena de detenidos —los últimos cinco, en la madrugada de ayer, no son barrenderos, según un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid— y sectores sensibles han lanzado la voz de alarma.

Comerciantes y hosteleros ven peligrar la campaña navideña, a la vuelta de la esquina, en un año especialmente aciago para el turismo de Madrid. Vecinos de todos los distritos de la capital tienen que sortear restos de todo tipo —papeles, sí, pero también trozos de carne putrefacta, radiografías, pañales de bebé, latas y orines— al entrar y salir de su casa. La estampa, en algunos casos, es nauseabunda. Estas son las claves de la protesta:

» ¿Se está limpiando la ciudad?Por motivos de seguridad y de salud, el Ayuntamiento decretó unos servicios mínimos que afectan al 40% de la plantilla de limpieza y al 25% de jardines. Pero, según han denunciado tanto el Consistorio como las contratas, los mínimos no se cumplen. El Ayuntamiento asegura que piquetes violentos impiden a los trabajadores salir de los cantones —los centros de trabajo, existen un centenar repartidos por la ciudad— para recoger desperdicios. Los sindicatos alegan que hay trabajadores que se quedan en los centros porque no tienen los uniformes de invierno, un extremo que las empresas niegan. En un recorrido por tres cantones de Carabanchel, uno de los operarios señalaba el miércoles que son los propios trabajadores los que no quieren salir “para defender su futuro”. En el cantón ubicado en la calle de Reus, dos miembro de un piquete incendiaron un contenedor ante el aviso — “desde dentro”, según señaló un piquete— de que iba a salir un camión a trabajar.

También hay zonas en las que salta a la vista que hay más basura de la que correspondería solo a no limpiar. El Ayuntamiento culpa a los piquetes de tener “interés en ensuciar más que en el simple hecho de no limpiar”. “Hacemos llamamientos constantes para que eso no ocurra, somos los primeros a los que no nos interesa porque nos echa encima a la opinión pública. Pero somos un colectivo muy grande y hay quien ya lo ha perdido todo”, dice Juan Carlos del Río, portavoz de UGT, el sindicato mayoritario en limpieza viaria.

» ¿Por qué protestan los barrenderos? Tres de las cuatro concesionarias del servicio (Sacyr, OHL y FCC Albéniz) presentaron un expediente de regulación de empleo (ERE) a mediados de octubre que afectaría, en principio, a 1.134 trabajadores de una plantilla de unos 6.000. A principios de agosto, las concesionarias ya despidieron a 350 personas que no fueron subrogadas en los nuevos contratos. La cuarta adjudicataria, Cespa, prevé bajadas de sueldo de hasta un 43%, según los sindicatos, en la negociación de un nuevo convenio del sector que afectaría a toda la plantilla. El perfil medio de los trabajadores es un hombre de entre 35 y 55 años de media, casado, con hijos, hipoteca y estudios primarios. Lleva entre 12 y 15 años en el sector y cobra en una horquilla desde 500 euros mensuales (el sueldo de empleados que cubren fin de semana y festivos) hasta unos 1.300 euros, según los sindicatos. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) señaló antes del inicio de la huelga que la propuesta es “volver a las tablas salariales de 2007”, lo que supondría una pérdida de unos 200 euros mensuales por empleados según sus estimaciones.

»¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento? La limpieza viaria y el cuidado de jardines son servicios de gestión municipal, pero están externalizadas. El Ayuntamiento de Madrid ha defendido desde el inicio de las protestas que el conflicto “se inscribe” en un escenario de negociación entre empresas y sindicatos “ajeno al ámbito de competencias municipales”. El delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, señaló el jueves que las ofertas que llevaron a las concesionarias a lograr la adjudicación del servicio “son su responsabilidad” porque “nadie fija cuál es la baja de adjudicación que tiene que hacer una empresa”. El principal criterio para adjudicar el contrato municipal fue “el porcentaje a la baja sobre el presupuesto de licitación”, con hasta 80 de un máximo de 100 puntos. Las concesionarias asumieron el servicio por 1.943 millones, un 16% menos del presupuesto inicial. Un portavoz de las concesionarias indicó esta semana que el ERE planteado se debe a “causas organizativas y productivas” y que el “Ayuntamiento no incluye un mínimo de personal” a las contratas, “sino un criterio de exigencia”, a diferencia de los contratos anteriores. El viernes, la alcaldesa Ana Botella reaccionó ate la imagen de una ciudad cubierta de basura y reunió a las empresas en el Ayuntamiento para pedirles que lleguen un acuerdo, tras recordarles que les aplicará los descuentos que contempla el contrato por “situaciones excepcionales” como una huelga. La oposición (PSOE, IU y UPyD) reclaman a Botella que exija la retirada del ERE, fomente la negociación o anule un contrato que supone “una sangría” de despidos.

» ¿Cuánta basura hay en las calles? Más allá de las estampas que cualquier vecino puede contemplar al salir de su casa o pasear por las calles no hay cifras oficiales de los restos desperdigados por Madrid. La última gran huelga del sector —convocada en 1993, duró 32 días— dejó 300 toneladas de basura tras la primera semana de protesta, que afectaba solo a 14 de los 21 distritos de Madrid. La actual se extiende a toda la ciudad El decreto de servicios mínimos, publicado el pasado 4 de noviembre, especifica solo la cuantía anual media de recogida, algo más de 104.553 toneladas de residuos. El distrito con más restos es Centro, con casi 13.000. El que menos, Vicálvaro (1.692). Además de barrer, los trabajadores de limpieza viaria son quienes retiran las bolsas de basura que quedan fuera de los contenedores.

» ¿Está garantizada la salubridad? El decreto de mínimos alude a un informe de Madrid Salud, responsable de la salud pública de la ciudad, que señala que “la no recogida de estos residuos durante más de 48 horas puede suponer el inicio de procesos de descomposición y un riesgo añadido de proliferación de plagas”. Según una portavoz municipal, los inspectores de este servicio vigilan “estrechamente” las calles para evitar que eso se produzca. “Si se detectara una zona que pueda presentar problemas para la salud, decretaríamos una situación excepcional y actuaríamos de inmediato”, añade.

» ¿Hasta cuándo va a durar la huelga? “Este conflicto se puede extender meses, porque cuando nos dicen que vamos a morir de hambre, replicamos que las condiciones que nos quieren aplicar nos van a dejar en la exclusión social, no tenemos nada que perder”, señala Juan Carlos del Río (UGT). Tras la presentación del ERE, las centrales se han reunido cinco veces con las empresas y tres en la Inspección de Trabajo, según datos de CC OO, sin alcanzar acuerdo. Mañana lunes hay previsto un nuevo encuentro sobre el ERE. Ni la patronal del sector Aselip ni el portavoz de las contratas hacen una valoración sobre este asunto.

Ciutat Vella pide atención

"Concejal Mercè Homs, venga a vivir a mi piso unos días y sabrá qué pasa Ciutat Vella”. Hace dos años, José Álvarez, un vecino de la calle del Om, lanzó esta invitación a la edil del distrito, llaves en mano, durante una audiencia pública. Homs (CiU), que se había ofrecido al experimento cuando estaba en la oposición, declinó la propuesta. Eso sí, asistió a una reunión que Álvarez convocó con una veintena de vecinos y comerciantes. Allí expusieron sus quejas: el evidente trapicheo de drogas a escasos metros de la comisaría de los Mossos d’Esquadra, el ruido, el olor a orín en los portales, los gritos entre prostitutas y proxenetas, las jeringuillas en las aceras… Homs tomó nota y dejó sus datos de contacto.

Pero el cambio tranquilo que prometieron el recién llegado alcalde Xavier Trias y la misma Homs (su única atribución es gobernar el distrito) sigue sin llegar, creen muchos vecinos. “¿Novedades en mi calle estos dos años? Un club de fumadores de maría, un comedor social, apartamentos turísticos, más droga y un local de Döner”, explica Álvarez, asturiano de nacimiento y que vive en Barcelona hace 17 años. Y agrega: “No se vive una situación peor, es el barrio que mantiene la inercia. Es un equilibrio malo porque surge de una situación que se normaliza”. Hasta que algo lo rompe.

Ese fue el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez, hace poco más de un mes, tras ser reducido de forma violenta por un grupo de mossos en la calle Aurora, donde vivía. Las circunstancias de su muerte tienen al barrio en crispación. Desde el primer día, los vecinos se movilizaron para desmentir la versión oficial. De hecho, el video y los testimonios que pusieron en evidencia a los agentes salieron de algunos de ellos. Pero esas imágenes también revelaron cómo se empujaba de malas maneras a los transeúntes para que se alejaran. Y hasta una testigo aseguró en sede judicial que borró en presencia de una mossaimágenes de su móvil días después de los hechos.

Esta indignación ha llegado al distrito. Hace dos semanas, Homs fue objeto de un escrache durante el consejo de barrio de El Raval, por la falta de respuestas municipales respecto al operativo donde murió Benítez. Y el pasado jueves, en la audiencia pública, las asociaciones de vecinos fueron especialmente duras con sus críticas. En el escrache, más de un centenar de vecinos pidieron a la regidora que se pronunciara sobre la muerte del vecino. Pero los asistentes aprovecharon para hablar más. Afloraron viejas quejas sobre las formas y el abuso de poder de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana. Y también sobre el incivismo. Sobre el ruido. Sobre la inundación de terrazas y pisos turísticos. Lo de siempre.

Cuando Trias llegó al Ayuntamiento vendió la seguridad como prioridad. En la oposición no dudaba en sacarle los colores al entonces alcalde del PSC Jordi Hereu los recortes de prensa donde se vendía a Ciutat Vella como el paraíso de los carteristas. Y Trias cumplió. Saco mucho más la policía a la calle. Según cifras oficiales, este año los hechos delictivos en el distrito cayeron 11,7% con respecto al año pasado y se han hecho 7.868 detenciones. Desde Amics de la Rambla consideran la apuesta un acierto y le dan medalla a Homs. “Notamos más un incremento sostenido seguridad, por ejemplo, los trileros han desaparecido”, asegura un portavoz. Una idea que respaldan muchos comerciantes. Y piden más.

Hace casi un mes, el Consistorio cerró siete pisos que funcionaban como meublés ilegales en el Raval. Todo enmarcado en la lucha personal de Trias contra la prostitución, que ya prohibió en la calle. “Los agentes entraban con chalecos antibalas, como si estuvieran en una guerra”, se queja Clarisa Velocci, de la Asociación Genera, que ayuda a trabajadoras sexuales en Barcelona, el colectivo que más se queja de los abusos. Un comportamiento agresivo que también denunciaron los dueños y asistentes a varios bares de Ciutat Vella, como La Bata Boatiné, la madrugada del 28 de junio, el día del orgullo gay. El operativo dejó diez denuncias por tenencia de estupefacientes y cuatro detenidos por robo, entre otros. “Tiene que haber órdenes políticas para que la policía actúe de la manera que está actuando”, cree Velocci.

“La especulación ya no es inmobiliaria, es turística. Y eso requiere imponer una sensación de seguridad”, opina Álvarez. “Ves más patrullas que intervienen en delitos, pero no ves avances en la convivencia, que afecta a los pocos que vivimos aquí. Las bicis pasan por la Rambla o la gente orina en la calle y la Guardia Urbana no dice nada”, dice Álvarez.Ciutat Vella tiene 207 de los 52 establecimientos turísticos de la ciudad y 3,459 mesas en terrazas. Y un total de 10.839 plazas hoteleras.

Las asociaciones del Casco Antiguo, del Raval y de L'Ostia coinciden en el diagnóstico. Hasta en la seguridad, creen, Ciutat Vella se dobla al turismo. “Para quedar con un vecino o una amiga tienes que consumir en una terraza, porque sino no hay espacio”, dice la líder vecinal María Mas. “Llevamos años recogiendo los vicios de la ciudad. Y ahora nos invaden los bares de cannabis”, dicen desde la mesa vecinal. Josep García, de la asociación del Raval, dice que ha contado 14. Homs explicaba que no tenía competencias para prohibirlos.

"Hay más incidencia de delitos en el Eixample, por ejemplo. Y los de Ciutat Vella afectan más a turistas”, asegura Gemma Galdón, que no solo vive el barrio sino que es experta en seguridad. “La mayor presencia de policía no implica una mayor sensación de seguridad. Tiene la doble vertiente. Depende del punto de vista del ciudadano, sus valores..”, explica. Y alerta: muchos relacionan pobreza con inseguridad.

Botella congela el gasto social y sube los impuestos en 2014

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha presentado esta mañana los presupuestos municipales para 2014, que incluyen una notable subida de impuestos pero no así de servicios para los ciudadanos. Tras el fortísimo recorte de 2012 y 2013, el dinero destinado a mejorar la vida de los madrileños se congela a niveles de hace 10 años; crece sin embargo la partida destinada a pagar la deuda a los bancos, que consume uno de cada cuatro euros que entran en las arcas del Ayuntamiento.

Suben los impuestos. El Ayuntamiento prevé ingresar 4.447 millones de euros en 2013, un 3,4% más que este año. Este incremento se explica fundamentalmente por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, que supone una cuarta parte de los ingresos municipales. En 2014 se encarecerá un 6,4% debido a la actualización del valor catastral de las viviendas que impulso el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y al suplemento extraordinario aprobado por el Gobierno central (PP) para ayudar a los municipios a pagar sus deudas. También subirán el Impuesto de Vehículos y el Impuesto de Actividades Económicas (un 2%). Las tasas permanecen igual a excepción de la de basuras, que baja un 12% en consonancia con la disminución prevista en el servicio en los próximos meses. Además, se incrementa de 35 a 80 millones el dinero que el Ayuntamiento espera obtener de la venta de terrenos y edificios.

La alcaldesa anunció hace semanas una bajada de impuestos, pero tiene previsto llevarla a cabo fundamentalmente a partir de 2015, es decir, después de las elecciones municipales, a las que no ha querido desvelar si se va a presentar como candidata y que, en todo caso, podría no ganar. Este año, el Ayuntamiento ha aprobado un paquete de bonificaciones fiscales muy modesto (70 millones), del que se beneficiarán tanto las familias con escasos recursos y los emprendedores como las grandes empresas como el hotel Ritz o McDonalds.

Se consolidan los recortes. El presupuesto de gastos para 2014 asciende a 4.447 millones, una cifra muy similar a la de hace 10 años, cuando Gallardón acababa de llegar a la alcaldía. Crece un 3,4% respecto al año anterior, lo que para Botella “es la prueba de que el Ayuntamiento está superando los efectos de la crisis”. Olvida sin embargo que el gasto municipal sigue muy por debajo del nivel de 2012, es decir, que antes de que Botella aprobara sus recortes sucesivos.

El gasto en personal se mantiene prácticamente invariable. Dentro del Ayuntamiento no están previstos despidos (habrá 281 bajas por jubilaciones o traslados), aunque sí los habrá en sus empresas municipales. El Ayuntamiento tiene 25.577 puestos de trabajo (pierde 188) y los organismos autónomos tienen 2.395 (pierden 93); en total, son 28.872 puestos, 2.445 menos que en 2009 debido siempre a jubilaciones y traslados, puesto que los despidos se han concentrado en las empresas municipales (no incluidas en esta contabilidad).

El gasto en bienes y servicios para los madrileños se redujo el año pasado un 10,3%, y ha mermado ya casi una cuarta parte desde 2008. En 2014 crecerá sólo un 1,2%, es decir, 20 millones de euros, y seguirá al mismo nivel que hace 10 años.

El gasto en inversiones (para modernizar mercados, peatonalizar calles, abrir bibliotecas, construir carriles bici, etcétera) cayó el año pasado un 45% hasta los 124 millones. En 2008, eran más de 800 millones. En 2014, crecerá hasta los 182 millones, muy por debajo del nivel mínimo para que la ciudad no se caiga a pedazos. Para compensar esta carestía, el Ayuntamiento ha licitado un contrato que contempla que empresas privadas inviertan 150 millones el año que viene, fundamentalmente en un plan de choque para arreglar las calles y aceras, muy deterioradas tras años de falta de mantenimiento.

Se congela el gasto social. “Se ha completado la parte más intensa del ajuste”, ha asegurado esta mañana la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa. Sin embargo, Madrid seguirá 10 años más con sus cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda debido a su tremendo endeudamiento. Y las partidas dedicadas a las diferentes áreas de Gobierno apenas se recuperarán en 2014 de los recortes de años anteriores.

Medio Ambiente y Movilidad gana un 2,2% hasta los 1.180 millones, y Seguridad crece un 0,1% hasta los 402 millones. Sin embargo, estas dos áreas, que el año pasado estaban unidas (se separaron a consecuencia de la tragedia del Madrid Arena) sufrieron sólo en 2013 un recorte del 4,7%. El área de Economía y Hacienda gana también, un 2,25%, hasta los 402 millones; sin embargo, el año pasado perdió un 18% de presupuesto. El área de Urbanismo crece un 9,9% hasta los 175 millones, frente a la rebaja del 27% del año pasado. Y el área de Las Artes, en cambio, pierde un 5,5%, hasta los 131 millones, que se suma al recorte del 20,4% del año anterior.

El área de Asuntos Sociales perdió un 12,7% de presupuesto el año pasado, a lo que se sumó un recorte del 3,1% en los distritos, que concentran fundamentalmente gato social (ayuda a domicilio, etcétera). En 2014, el área se queda con lo puesto, 209 millones, pero la partida para los distritos disminuye de nuevo, un 1,6%, hasta los 501 millones.

Aumenta el dinero pagado a los bancos. El Ayuntamiento prevé acabar este año con 7.074 millones de deuda. Cuando Gallardón dejó la alcaldía, en diciembre de 2011, para convertirse en ministro de Justicia, eran 6.348 millones. Desde entonces, Botella no ha aumentado la deuda, pero no han dejado de aparecer pufos ocultos de la etapa anterior.

La alcaldesa parece decidida a que su principal legado para la ciudad sea precisamente reducir su endeudamiento. Así, en 2014 prevé que baje hasta los 6.204 millones, a costa de pagar 870 millones a toca teja a los bancos, más otros 313 millones por los intereses. Esta última cifra es un 3,5% superior a la del año pasado, y explica también por qué el presupuesto de 2014 es mayor que el de 2013. En total, el Ayuntamiento abonará 1.183 millones a los bancos, es decir, uno de cada cuatro euros presupuestados.

El Ayuntamiento reserva además 30 millones servirán para cubrir los pleitos por intereses de demora.

Se reduce el tiempo de pago a proveedores. El Ayuntamiento gastará en 2014 el mismo dinero que ingresa. Botella ha presumido esta mañana de ese equilibrio presupuestario, aunque ha evitado explicar que es obligatorio porque viene marcado en la Constitución y es fruto además del estricto plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento. “No se puede gastar más de lo que se ingresa”, ha recalcado la alcaldesa como su "convicción política".

También se ha enorgullecido de que en 2014 se pagará por primera vez a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, es decir, el obligado por ley desde 2010. El Ayuntamiento abonaba sus facturas con hasta nueve meses de retraso hasta recibir más de 1.300 millones de euros en dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus pagos atrasadas. En la actualidad, se paga a 60 días, es decir, al doble de lo que marca la ley.

“Tras dos años de importantes esfuerzos de ahorro, el Ayuntamiento se encuentra en un estado económico que empieza a ser favorable para impulsar la salida de la crisis, y esto va a tener un efecto positivo en toda la ciudad de Madrid”, ha añadido la alcaldesa esta mañana.

La ponencia pide blindar el suministro de agua, luz y gas a familias empobrecidas

La dirección del PSOE, que ha ido publicitando durante meses las propuestas que iba incorporando a la ponencia marco de la Conferencia Política, dejó para el día de la inauguración de la cumbre dos que tienen especial impacto en el sector de la población más empobrecido y golpeado por la crisis. Una rebaja de impuestos a las rentas inferiores a 16.000 euros —adelantada este viernes por el PAÍS— y una iniciativa para prohibir por ley que se le pueda cortar el suministro de agua y —en invierno— de luz y gas a las familias que no puedan pagar esos servicios "por estar en situación de pobreza".

"Ningún ciudadano puede verse privado de estos servicios esenciales. Es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión", explicó el partido en una nota en la que comunicaba que la medida será incluida en la ponencia. Consistiría en crear un "derecho ciudadano al agua y a la energía" que garantice, por un lado, que ningún hogar pueda ser privado de "un mínimo de cobertura de subsistencia" de luz y gas "entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo"; y, por otro, que no se suspenda el suministro de agua a una familia "cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales".

Es la última propuesta de una ponencia que contiene muchas más y a la que podrán incorporarse otras entre hoy y mañana, porque se han presentado 12.600 enmiendas. En la conferencia participan 750 miembros del PSOE y 250 representantes de colectivos sociales, que tienen voz y voto. Estas son algunas de las propuestas ya anunciadas en estos meses:

» Cambios en la Constitución. La reforma constitucional más importante —la del modelo territorial para reconocer una "singularidad" a Cataluña— no está en la ponencia porque no va a someterse a debate en la conferencia. Pero a esa, que fue la inicial, se han ido añadiendo muchas más en estos meses. Entre otras: reconocer en la Constitución la sanidad pública como derecho; crear un "fondo de garantía del Estado del bienestar" que asegure el gasto público —reverso de la reforma exprés que el PSOE pactó con el PP en 2011 para poner un corsé al gasto público—; facilitar el voto de inmigrantes en elecciones municipales; introducir "un concepto de familia amplio" en la Ley Fundamental; declarar inconstitucionales las amnistías fiscales o garantizar el "derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad" (sin incluir específicamente el derecho al aborto).

» Reforma fiscal. Los socialistas no plantean cambiar los tipos y tramos del IRPF: ni subirlos ni bajarlos. Pero sí pretenden "ampliar las bases imponibles" y lograr que paguen "quienes ahora no pagan", unificando en un nuevo "impuesto sobre la riqueza" el de la renta y el de Patrimonio. Solo habría bajada de impuestos para personas con rentas inferiores a 16.000 euros (sean estas trabajadores con hijos, pensionistas o parados). Además, la ponencia defiende recentralizar parcialmente el impuesto de sucesiones y donaciones, hoy autonómico, para que el Estado fije un tipo mínimo inamovible; subir los impuestos a las grandes empresas; imponer una doble tasa a los bancos y a los bonus de sus directivos; y pedir a la Unión Europea la creación de un IVA para bienes y servicios de lujo y el fin de la exención de ese impuesto a colegios y hospitales privados no concertados.

» Ley electoral, cargos públicos. El PSOE no asume un cambio en la ley electoral para hacerla más proporcional —el cambio que piden los partidos más perjudicados, IU y UPyD—, aunque sí modificaciones para acercar a electores y elegidos, como las listas semiabiertas (algo que ya defendió en 2011); también propone endurecer las incompatibilidades de cargos públicos y prohibir por ley las donaciones privadas a los partidos. Entre los cambios para dar una mayor permeabilidad del Parlamento figuran la creación de una comisión de peticiones ciudadanas y medidas para facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares.

» Lucha contra la corrupción. La ponencia solo se compromete a "valorar la idoneidad de aquellos imputados en procesos penales" para decidir su inclusión en las listas electorales. Y a "recomendar la dimisión de cargos públicos del partido cuando existan indicios considerables de actuaciones poco éticas o ilegales"; eso se someterá a debate, porque hay decenas de enmiendas que piden prohibir directamente la inclusión de imputados en las listas, informa Europa Press. Muchos militantes reclaman también limitar el aforamiento de parlamentarios en casos de corrupción.

» Laicidad. El PSOE se compromete a pedir —o acometer, si gobierna— la revisión del concordato con la Santa Sede, el marco de relaciones del Estado con la Iglesia católica. Defiende retirar símbolos religiosos de edificios públicos (aunque no en todos los casos) y vuelve a anunciar la ley de libertad religiosa que anunció en 2008 y luego aparcó. La ponencia propone de forma genérica avanzar en la autofinanciación de la Iglesia, explorando fórmulas alternativas a la aportación de la casilla del IRPF.

» Políticas de igualdad. Los socialistas irán a las elecciones con listas cremallera (con igual número de hombres y mujeres en puestos de salida). Y proponen una "ley de igualdad salarial" para someter a las empresas a controles exhaustivos que eviten que puestos laborales idénticos tengan sueldos distintos para hombres y mujeres (algo que ya es ilegal), informa María R. Sahuquillo.

» Cambios en el partido. El PSOE aprobó en el congreso federal de 2012 las primarias abiertas a no militantes —es decir, a todos los ciudadanos interesados— para elegir al próximo candidato electoral, probablemente el cambio orgánico más importante de la historia reciente del partido. En esta conferencia política se debatirá sobre cómo aplicarlas, aunque en principio no se fijará aún reglamento (requisitos para votar, avales, número de vueltas) ni fecha. También se hablará sobre la posibilidad de que los militantes elijan al próximo secretario general (lo que supondría otro cambio radical). La ponencia se muestra favorable a buscar "fórmulas" para incorporar esa novedad, que no está en los estatutos del PSOE. La conferencia política aprobará, por último, un nuevo código ético y nuevas formas de participación, como la "afiliación 2.0".

Noticias contadas desde diferentes puntos de vista

          Los anti-Papa agreden a los católicos en la Puerta del Sol y la Policía no actúa

La Puerta del Sol se convirtió este 17 de agosto de 2011 en una mezcla de circo, ring de boxeo e improvisado templo. La marcha anti-Papa, convocada para protestar contra la JMJ, se enfrentó a los peregrinos que estaban en la plaza madrileña y terminó agrediendo físicamente a al menos una veintena de ellos.

Los manifestantes 'laicos', entre los que había muchos indignados, arrancaron festivos pero llegaron al 'Kilómetro 0' con ganas de gresca y al ver a los fieles católicos que llenaban el lugar y bloqueaban en varios lugares su paso, convirtieron su protesta en una batalla.

Los peregrinos, que en unos casos respondieron a las inprecaciones y en otros respondieron adoptando actitudes piadosas, terminaron dejando el lugar tras ser insultados, pateados y arrollados, ante la pasividad policial.Todo esto ocurría sobre las ocho d ela tarde.

Como detallan Fernando Lázaro, S. López-Urrutia y P. Delgado Labrandero en 'El Mundo', los agentes antidisturbios no intervinieron para desalojar la plaza hasta mucho tiempo después.

Durante más de dos horas los policías se limitaron a intentar interponerse -sin éxito- entre manifestantes y peregrinos y a aconsejar a los participantes en la JMJ, muchos de ellos menores de edad, que abandonaran el lugar.

Casi todos lo hicieron, pero las estaciones de Metro y de Cercanías seguían abiertas y cientos de personas que desconocían lo que estaba ocurriendo seguían acudiendo a Sol.

En ese escenario, los manifestantes insultaron de forma insistente a todo peregrino que veían, a los que era fácil identificar por su atuendo y sus mochilas.

Explica El Mundo que algunos peregrinos, sin duda asustados por el violento tono de los anti-Papa, entraron en las tiendas de ropa que rodean Sol para comprar cualquier prenda con la que poder cambiarse y disimular su condición de fieles del JMJ.

Casi tres horas después de que comenzaran los incidentes, alrededor de la medianoche, la Policía cargó finalmente contra los indignados y desalojó la Puerta del Sol.

En los altercados, se produjeros seis detenciones, después de que varios de los'indignados' comenzarán a arrojar botellas contra los agentes.

COMIENZO FESTIVO

La marcha laica -en la que participaron 8.000 personas según Delegación del Gobierno y 4.000 según la Policía Municipal- había comenzado de forma festiva.

Respaldada por más de un centenar de organizaciones -entre ellas IU- y con estrechos lazos con el Movimiento 15-M, muchos de cuyos miembros acudieron a la protesta, arrancó en Tirso de Molina y tenía que haber cruzado la Puerta del Sol, para retornar al lugar de partida, pero al encontrarse en el 'Kilómetro 0' con los peregrinos, bastantes optaron por quedarse y enzarzarse con los fieles católicos en un desagradable toma y daca de imprecaciones e insultos.

Gritos de «pederastas», «asesinos» e «ignorantes» se mezclaban con consignas como «la juventud del Papa también se la machaca» o «vuestro Papa es un nazi».

CARGAS POLICIALES Y BOTELLAZOS

La mayoría de los peregrinos respondió gritando el nombre de Benedicto XVI a pleno pulmón, aunque hubo algunos que se enfrentaron a los indignados y les devolvieron los insultos.

Sobre las 10 de la noche, un reducido grupo de peregrinos que se había quedado en la plaza se vio totalmente rodeado y fue pateado y expulsado a la fuerza por los manifestantes.

Éstos celebraron su victoria y 'tomaron posesión' de la Puerta del Sol, enseñoreándose orgullosos del lugar sin oposición o presencia de la Policía.

Fue más tarde, viendo que continuaban las agresiones y que la protesta adquiría tintes cercanos al 'botellón', cuando los antidisturbios optaron por cargar.

La Policía no tardó en controlar la plaza y en cerrar la estación de Metro de Sol. El balance de los disturbios: 11 heridos, tres de ellos policías, y siete detenidos.

La policía disuelve a golpes la concentración laica en Sol

La marcha laica contra el "boato y el gasto público" de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid, a la que hoy llega el papa Benedicto XVI, terminó con numerosos incidentes. La policía tuvo que disolver con cargas intermitentes la concentración de cientos de manifestantes en la Puerta del Sol y detuvo a seis personas. Antes de la intervención de los agentes, la protesta había derivado en un encontronazo verbal entre los manifestantes y cientos de peregrinos reunidos en Sol.

El encuentro provocó tensión entre ambos grupos. Un cordón policial los separó mientras se enzarzaban en una guerra de cánticos. "¡Benedicto!", gritaban los peregrinos; "¡... es un nazi!", respondían los manifestantes desde el otro lado del cordón de seguridad. Bajo el lema "De mis impuestos, al Papa cero. Por un Estado laico", los convocantes mostraron cientos de pancartas muy críticas con el supuesto despilfarro de dinero que supone la visita de Benedicto XVI. En ellas se podía leer: "El mundo muriéndose de hambre, vuestro Papa con traje de luces", "Con el Papamóvil se llega al cuerno de África" o "Próxima JMJ en Somalia".

Los peritos del 11-M no hallan sustancias ajenas a la Goma 2 ECO en lugar del atentado

El informe de los expertos sobre las bombas usadas en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron la muerte a 192 personas, concluye que el explosivo usado es el mismo que el encontrado en la bolsa que no estalló y en la vivienda de Leganés en la que se suicidaron varios de los presuntos autores del atentado. El estudio se lo ha entregado este mediodía a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano; en su redacción han participado peritos policiales, de la defensa y de la acusación particular; su objetivo es ayudar al tribunal a aclarar la autoría del ataque.

Todos los informes periciales realizados hasta la fecha habían concluido que en el atentado se empleó el explosivo Goma 2 ECO. Está probado judicialmente que los islamistas autores del atentado recibieron un cargamento de este tipo de dinamita para llevar a cabo el ataque. Sin embargo, el Partido Popular ha querido sembrar dudas sobre el tipo de explosivo utilizado, afirmando que pudo haberse tratado de dinamita Titadyne, la empleada habitualmente por la organización terrorista ETA.

Este último informe concluye que en el lugar del atentado se han hallado restos de dinitrotolueno y nitroglicol, sustancias que pueden estar presentes tanto en la Goma 2 ECO como en el Titadyne. Ahora bien, además se deja claro que estas sustancias estaban también en la bolsa bomba que no estalló y fue desactivada en la comisaría de Vallecas, y en la casa en la que se refugiaron y se suicidaron siete terroristas días después del ataque.

La policía y el Ministerio del Interior (gobernado entonces por el Partido Popular) aseguraron desde las primeras horas del atentado que el explosivo utilizado había sido dinamita. El hallazgo de una furgoneta Renault Kangoo en Alcalá de Henares (Madrid) la misma mañana del ataque permitió localizar un resto de cartucho de Goma 2 ECO. En el coche se encontraron rastos genéticos que, después del suicidio colectivo de Leganés, el 3 de abril de 2004, se comprobó que correspondían a Abdennabi Kounjaa, Allekema Lamari y Rift Anouar Asrih. También se halló una huella dactilar de Ouhnane Daoud, huido.

La misma noche de los atentados fue localizada una bolsa de deportes azul cargada de explosivos en la comisaría de Vallecas, que pudo ser desactivada en la madrugada del 12 de marzo. La bolsa había llegado a dicha comisaría como parte de los efectos recogidos por los servicios de emergencia en la estación del Pozo. Estaba llena de Goma 2 ECO, la dinamita que está probado judicialmente, con sentencia firme, que la trama asturiana entregó a los islamistas liderados por Jamal Ahmidan, El Chino. No había ni rastro de Titadyne.

La Goma 2 ECO también fue hallada en la bomba que los islamistas colocaron bajo las vías del AVE Madrid-Sevilla, el 2 de abril de 2004, el día antes del suicidio de Leganés. El análisis del explosivo permitió hallar pelos que resultaron ser de Rifaat Anouar Asrih, suicida del piso de Leganés, en cuyo garaje se guardaba el coche con el que los terroristas fueron a colocar el artefacto en las vías, a la altura de la localidad toledana de Mocejón. Y en el maletero había trazas de Goma 2 ECO. Ni rastro de Titadyne.

El círculo se cierra en Leganés. Allí se suicidaron siete de los presuntos autores de la matanza. La explosión fue provocada con Goma 2 ECO, una dinamita de la que se encontraron los envoltorios y restos sin estallar. Ni rastro de Titadyne. Había Goma 2 ECO en la estación donde montaron los terroristas (la Kangoo), en una de los apeaderos atacados (la mochila), en el segundo atentado contra el AVE y en el piso de Leganés. El informe conocido hoy concluye que las sustancias halladas en el lugar del atentado del 11-M son las mismas que las encontradas en la bolsa y en Leganés, donde no se halló ni rastro de Titadyne.

La Audiencia pidió este informe en cumplimiento del artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le faculta para permitir pruebas distintas a las propuestas por las partes con el fin de “conciliar” las diferentes pretensiones y por “la necesidad de despejar todas las dudas” puestas de manifiesto por varias de las acusaciones con respecto al explosivo empleado en la masacre.

"Los peritos descubren un elemento ajeno a Goma 2 ECO en los focos del 11-M"

El informe pericial preliminar sobre los explosivos del 11-M ordenado por la Audiencia Nacional detecta en los focos de la masacre una sustancia ajena a la Goma 2 ECO supuestamente empleada. Se trata del dinitrotolueno, que sí forma parte del Titadyn y de otro tipo de Goma 2, denominado EC. La pericial también resalta que, según descubrieron los peritos al comenzar las pruebas, los Tedax habían lavado todos los vestigios de los focos de las explosiones con agua y acetona, lo que dificultaba enormemente los análisis.

Los resultados han sido ratificados por ocho peritos: dos designados por la Policía, dos por la Guardia Civil, tres por las acusaciones y uno por las defensas. El dinitrotolueno les ha aparecido tanto en los focos de las explosiones como, en cantidades mucho menores, en otros lugares relacionados con la investigación: la mochila de Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo -tanto en el resto de un cartucho como en la muestra enviada para cotejo-, las vía del AVE y Leganés.

ETA pone fin a 43 años de terror

ETA ha anunciado esta jueves el fin a 43 años de terrorismo con 829 víctimas mortales. La banda anunció a las siete de la tarde a través de un comunicado, escrito y en vídeo, que ha difundido en las ediciones digitales de los diarios Gara y Berria, el "cese definitivo de la actividad armada" sin poner condiciones. El comunicado, leído por tres encapuchados, se limita a solicitar "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", esto es, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad, y superar lo que llama "la confrontación armada". Con este comunicado, difundido a un mes exacto de las elecciones del 20-N, responde a la petición que el pasado lunes le hicieron seis personalidades internacionales en una conferencia en San Sebastián y el martes la izquierda abertzale.

Pero el comunicado de ETA es más preciso y claro que el emitido el lunes por la Conferencia en San Sebastián. En dicho texto aparecían sugerencias, como la constitución de una mesa de partidos y de una consulta, que ETA no recoge en su texto. Con ello, ETA envía un mensaje claro y es que no se va a convertir en tutor político de nada. Sólo se va a ocupar del futuro de sus presos. Por eso no habla de disolución. Esto no sólo le da un valor inédito al comunicado de ETA. También histórico porque responde a lo que le han pedido los partidos desde la constitución de la democracia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le dio rango histórico al final de ETA. Lo mismo hizo el ex ministro del Interior y candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. En una breve intervención en La Moncloa, Zapatero, en tono emotivo, atribuyó el final de ETA al esfuerzo de todos los gobiernos democráticos, a las Fuerzas de Seguridad, a la colaboración internacional, especialmente la francesa, a la unidad de los partidos y a la sociedad española, con un recuerdo especial para las 829 víctimas de ETA en estos 43 años.

Rubalcaba apuntó, además, que será el próximo Gobierno el que gestione la solución para los presos y clandestinos y para ello apeló a la unidad entre los partidos democráticos. El líder del PP, Mariano Rajoy, valoró positivamente el cese de la violencia etarra y atribuyó su final a la presión política, judicial, social, lo que juzgó como un triunfo del estado de derecho. Una posición especialmente valiosa a la vista de la posición de la derecha mediática y del sector más radical de su partido.

En su comunicado, ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente en Euskal Herria "es una iniciativa de gran trascendencia política" y que "la resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional”.

Pero diga lo que diga ETA, la suma de los factores a los que se refirieron Zapatero, Rubalcaba y Rajoy es la que ha propiciado que en el último tramo de la larga lucha contra el terrorismo, el anterior brazo político de ETA , la izquierda abertzale,acuciada por la presión policial, judicial y social se volviera contra la banda terrorista y acelerara el final del terrorismo que ayer se consumó con el comunicado.ETA añade que en "Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político" y subraya que se enfrenta a "una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político". Ya en su lenguaje habitual, dice: "Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca”.

Así, el  pasado 7 de julio, Otegi admitió en su alegato en la Audiencia Nacional, que le condenó a 10 años de cárcel por colaboración con banda armada, que el atentado terrorista de la T-4 de Barajas, del 30 de diciembre de 2006, con el que ETA rompió la anterior tregua marcó el origen del distanciamiento con la banda terrorista de su brazo político y de él mismo. El alejamiento de la izquierda abertzale de ETA, como consecuencia de esa ruptura del proceso de paz de 2006, ha sido el factor determinante que ha acelerado el final de la banda terrorista, materializado en el anuncio de cese definitivo de su actividad armada.

Ha sido el último y definitivo factor que ha contribuido a acabar con más de 40 años de terrorismo etarra, aunque para diciembre de 2006 ETA ya sufría un notable acoso policial, judicial, político y social. Otegi reconoció en su alegato en la Audiencia Nacional, el pasado julio, que la izquierda abertzale rechazaba el terrorismo porque la sociedad vasca ya no lo toleraba.

La ruptura del proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA, con el atentado de la T-4 es el punto de inflexión que marca la aceleración del final de ETA.Pero para llegar hasta ahí, hasta ese rechazo social en Euskadi que ha obligado a la izquierda abertzale a reclamar a ETA su final, la lucha contra el terrorismo ha cubierto una larga marcha, muy lenta en sus primeros treinta años; a paso acelerado desde el 2006, y muy acelerada en los últimos dos años.

Zapatero y Rubalcaba abordaron aquel proceso con una doble intención. Tratar de lograr una paz negociada, agotando todas las posibilidades de diálogo con la banda terrorista que los pactos entre los partidos democráticos toleraban, como el de Ajuria Enea de 1988. Esto es, separar la negociación entre Gobierno y ETA, limitada a paz por presos, de la política, que debería ser asumida por los partidos.

En caso de que fracasara el proceso de diálogo, en el que jugó un papel crucial Jesús Eguiguren, el plan B del Gobierno consistía en poner en evidencia a ETA como responsable de su ruptura para que saliera más debilitada del proceso de lo que entró.

Otegi reconoció en la Audiencia Nacional que la sociedad vasca ya no toleraba el terrorismo

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pensó que el proceso de diálogo saldría adelante, porque cuando ETA llegó a él, llevaba tres años sin matar; había recibido importantes golpes de unas fuerzas de seguridad cada vez más profesionalizadas, el último de ellos con la detención en octubre de 2004 de su principal líder desde los años noventa, Mikel Antza; la izquierda abertzale estaba en la ilegalidad por la aplicación de la Ley de Partidos, que entró en vigor en 2003, y tenía un rechazo social ya considerable por la unidad de los partidos democráticos vascos, nacionalistas y no nacionalistas, y por la potencia movilizadora de las organizaciones sociales vascas contra ETA.

Esta marea había ido creciendo poco a poco desde el Pacto de Ajuria Enea, de 1988, primer hito importante en la política antiterrorista al iniciar la deslegitimación social de la banda terrorista por la movilización callejera y la unidad entre nacionalistas y no nacionalistas.

Además, para ese momento, año 2006, ETA ya tenía un contexto internacional muy desfavorable, con el terrorismo de Al Qeda en el centro de la escena y con el IRA, la única banda terrorista europea además de ETA, en su retirada final.

Asimismo, el Gobierno, al contrario de anteriores treguas, no bajó la guardia en el seguimiento de los terroristas, y al año de que ETA rompiera la tregua, en el verano de 2008, había puesto fuera de combate a los cinco comandos que tenía preparados para atentar. La cifra de víctimas fue la quinta parte de las que hubo tras la ruptura de la anterior tregua, la de 1998.Con el fracaso del proceso de diálogo, el Gobierno logró al responsabilizar a ETA de su ruptura el aislamiento internacional de la banda. Con esa oportunidad perdida por ETA ya ningún país iba a pedir al Gobierno, como sucedía hasta entonces, que acabara con la banda por la vía del diálogo. Lo que se tradujo en una mayor intensidad en la colaboración internacional contra ETA.

Con ser muy importantes la suma de todos estos factores para explicar el final de ETA, el definitivo fue el alejamiento de la izquierda abertzalede la banda terrorista, tras el atentado de la T-4 en Barajas, esto es ladesafección de su brazo político.

Tras la ruptura de la tregua en junio de 2007, Otegi fue encarcelado. Desde la prisión abrió un proceso de reflexión, con numerosas consultas con los partidos nacionalistas, y pergeñó un proyecto de polo soberanista, de unidad de los partidos independentistas vascos, utilizando sólo medios pacíficos y políticos. Su proyecto se daba de bruces con ETA, que reinició la actividad terrorista, con una decena de asesinatos desde la ruptura de la tregua en junio de 2007 hasta julio de 2009, en que se produjo el último.

El precio que pagó ETA por su regreso al terrorismo fue altísimo. En un año cayeron todos sus comandos activos y cuatro cúpulas dirigentes fueron detenidas en tan sólo dos. El acoso policial era absoluto.

El alejamiento de la izquierda abertzale de ETA, uno de los factores determinantes en la decisión de la banda

Otegi, respaldado por Rufi Etxeberria y Rafael Díez Usabiaga, apostó decididamente por el proyecto de polo soberanista. En noviembre de 2009, con Otegi encarcelado de nuevo, la izquierda abertzale presenta en Alsasua y Venecia el documento Zutik Euskalherria, que recoge su apuesta exclusiva por vías políticas y pacíficas. Lo llevan a debate en sus bases y en febrero de 2010, la izquierda abertzale aprueba por un 80% frente a un 20% el rechazo a la violencia.

Este hecho marca un hito en el llamado MLNV y Etxeberria se adelanta a reclamar a ETA a que se pliegue a la petición de las bases de la izquierda abertzale por una votación democrática que le obliga.

A partir de ahí, de febrero de 2010, la izquierda abertzale inicia una administración de los tiempos para convencer a ETA a que cese la violencia. Y lo hace a través de una liturgia para la que cuentan con el abogado surafricano, Brian Currin, mediador en los conflictos irlandés y surafricano, y al que también había recurrido la izquierda abertzalecomo asesor en el proceso de paz de 2006.

En marzo de 2010, Currin logra que varios premios Nobel, irlandeses y surafricanos, reclamen a ETA una tregua permanente y verificable, en lo que se ha denominado la Declaración de Bruselas. ETA tarda en responder seis meses, a septiembre, con un compromiso de cese de las actividades violentas sin más.

En septiembre, la izquierda abertzale, acompañada de Eusko Alkartasuna y Aralar, promueve una declaración, en Gernika, en la que reclama a ETA una tregua permanente y verificable. En enero de 2011 responde a la Declaración de Bruselas y a la de Gernika con la declaración de tregua permanente y verificable que le pedían.

En febrero de 2011, la izquierda abertzale sorprende con la presentación de los estatutos de un nuevo partido, Sortu, en los que rechaza expresamente la violencia de ETA y plantea el reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo.

En mayo recupera la presencia institucional en ayuntamientos y diputaciones, a través de la coalición Bildu, en que se plasma el polo soberanista de Otegi. Bildu obtiene el mejor resultado histórico de la izquierda abertzale, el 25% de los votos.

A partir de ahí, la izquierda abertzale se impone sobre ETA. “La decisión de ETA ya está tomada”, dice Rufi Etxeberria, Y todo se acelera. En un primer momento, la izquierda abertzale, cuando Zapatero anuncia el adelanto electoral al 20 de noviembre, opta por esperar a la llegada de un nuevo Gobierno para dar más pasos.

Finalmente, y animada, entre otros, por el PNV, decide montar la escenografia para preparar el anuncio de ETA de cese definitivo de las armas. El argumento es que conviene avanzar lo suficiente en el proceso para que el nuevo Gobierno tenga muy difícil la marcha atrás.

La izquierda abertzale recurre al movimiento social Lokarri y al Grupo Internacional de Contacto, de Currin, para que organicen unaConferencia Internacional en San Sebastián.

Con ello consiguen que seis personalidades internacionales —el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; los ex primeros ministros irlandés y noruega, Bertie Ahern y Gro Harlem Brutland; el ex ministrio francés de Interior, Pierre Joxe; el ex jefe de Gabinete de Tony Blair, Joanthan Powell, y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams— se dirijan a ETA para reclamarles el cese definitivo de la violencia a cambio de medidas a favor de los presos así como una serie de sugerencias, que no condiciones, a los gobiernos español y francés.

El acto se escenifica en una Conferencia Internacional en San Sebastián el 17 de octubre. Al día siguiente, la izquierda abertzale se suma a la reclamación de la Conferencia a ETA. La Conferencia es la última pista de aterrizaje para que ETA anuncie el cese definitivo.

ETA alardea de sus asesinatos y emplaza al gobierno a negociar

ETA realizó ayer un anuncio sin precedentes al comunicar que «ha decidido el cese definitivo de su actividad armada» y que «hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga como objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto».

En el comunicado, la organización no anuncia su disolución, de modo que cabe deducir que piensa prolongar su presencia hasta que lo considere conveniente, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio el contenido global por bueno, hasta el punto de que proclamó que el texto constituye la certificación del final de ETA.

Lo hizo visiblemente emocionado, vestido de negro, confiriéndole la solemnidad de un comunicado histórico que no admitía preguntas en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Llamó la atención que el presidente respondiera a la declaración con tanta premura, apenas una hora después de que fuese anunciada. Igual que llamó la atención que la banda, como si se tratase de una cuestión de trámite, recurriera al diario Gara.

Su anuncio, la emoción de su anuncio, fue reforzado por la declaración del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en el mismo sentido. «Es la noticia que esperábamos hace tiempo, la única comunicación que esperábamos de ETA, el anuncio de su final», manifestó exactamente a la misma hora que lo hacía el presidente.

Después, envió su mensaje el lehendakari, Patxi López, a quien esta ocasión sorprendió lejos para ser tan histórica, en un viaje a Estados Unidos. «ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos». En todos los partidos, subyacía la voluntad convenida de no cederle a la banda ni una sola posibilidad de escenificar una victoria.

Todos los partidos quisieron ahogar cualquier mínimo intento que ETA pueda hacer por aparentar un ápice de victoria y ninguno estaba dispuesto a que Bildu se arrogue el relato del fin de la violencia o su papel impulsor de la paz. Y entre todas las declaraciones en este sentido llamó la atención precisamente la del jefe de la oposición cuando señaló que todo se había conseguido «sin ninguna concesión política», a pesar de episodios como la legalización de la coalición impulsada por Batasuna.

En todo caso, si el designio de las encuestas se cumple, el alcance y la administración de la sinceridad de este anunció, así como, en su caso, el cumplimiento de la mayor parte de las condiciones recaerán sobre todo en el líder de la oposición (a menos que el Constitucional se le adelante con algunas medidas). Rajoy saludó la «buena noticia» tras mantener una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, pero se mostró más cauto a la hora de esperar acontecimientos y no fue tan lejos como Zapatero, matizó, y habló del «fin de la violencia de ETA».

Todos se acordaron de las víctimas, de los 858 asesinados (829 según las cifras oficiales) por la banda en medio siglo. Aunque éstas reaccionasen de distinto modo. Algunas considerando que se trata de un movimiento «táctico», otras resignadas, y muchas conscientes de que la derrota de la banda como la imaginaban, no era así.

El texto de ETA es menos agresivo que el contenido de los comunicados de las treguas de 1998 y de 2008 -no habla expresamente de independencia, ni insiste en sus aspiraciones por la territorialidad, ni llama por su nombre al derecho de autodeterminación- pero, aun así, encierra pasajes que demuestran que no está dispuesta a darse por derrotada y atribuye a sus años de terror lo que ha conseguido la izquierda abertzale .

ETA no quiere reconocer ni por asomo que ha llegado hasta aquí para nada y alardea: «La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel y el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y nuestro más sentido homenaje», dice.

La banda utiliza lugares comunes, los mismos que lleva proclamando desde hace décadas. «Euskal Herria se está abriendo a un nuevo tiempo político», «estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución democrática al secular conflicto político», o, «en adelante, el camino tampoco será fácil» y «ante la imposición [del Estado], que aun perdura» -y esto, antes de ayer se hubiera entendido como una excusa para seguir-, «cada paso, o cada logro, será fruto del esfuerzo».

Y después viene la parte de las reclamaciones. En uno de los párrafos, ETA señala que «el reconocimiento a Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ése es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca». Inusualmente, no utiliza el término pueblo vasco. El otro párrafo es el que destina a pedir un diálogo que tenga «por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto». Como «consecuencias del conflicto», ETA entiende solucionar la situación de los presos, de los huidos, de los deportados y las víctimas… de ambos bandos. Y se supone que también se refiere a las armas porque, en ningún momento habla de la comisión de verificación ni tampoco de cómo va a realizar la entrega y la localización de sus zulos o de si va a hacerlo.

Los expertos policiales dudaban anoche sobre si este cese definitivo está condicionado o no a que se cumplan sus enunciados.

Unos consideraban que sí, refiriéndose tanto a las reclamaciones más políticas como a las técnicas; y otros defendían que la organización deja por primera vez para la izquierda abertzale la reclamación de sus aspiraciones políticas. Pero condiciona el mantenimiento del compromiso sobre lo anunciado en su comunicado a que los gobiernos español y francés resuelvan la cuestión de los reclusos o de los huidos.

Este segundo grupo de expertos piensa que, de cualquier forma, los requerimientos técnicos de la organización serían los más fáciles de cumplir si se aplican con suficiente tiempo. Y se está hablando aquí de que el Gobierno deberá buscar, para empezar, el modo de ir sacando a los presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de condena, o de anular la doctrina Parot, o de organizar el regreso de los deportados.

ETA -el comunicado fue leído por el jefe del aparato político, David Pla,- sí se refiere a la Conferencia de Paz celebrada en San Sebastián el lunes -al fin y al cabo fue montada para que la izquierda abertzale pudiese solicitar el cese definitivo y la banda pudiera escudarse en una reclamación internacional- y a los cinco puntos aprobados en ella. La considera «una iniciativa de gran trascendencia política» que «reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto», pero no va más allá. De hecho, elude suscribirla.

Zapatero, en cualquier caso, no comparte el escepticismo de una parte de los expertos de la lucha antiterrorista. Y lo cierto es que tiene motivos para estar bien informado porque tanto el PSOE como el PSE han estado en contacto permanente con la izquierda abertzale, dialogando y estableciendo los pasos y los compromisos que podían asumirse para llegar a este punto.

El Ejecutivo ha mantenido abiertas las vías con algunos mediadores internacionales que le han venido comunicando los mensajes de ETA y también ha recibido la información procedente del PNV, cuyos dirigentes, que no están dispuestos a que nadie les niegue su parcela de protagonismo en este final, han mantenido un intenso intercambio de información con la izquierda abertzale, a la que ayer, además, ofrecieron su mano para la concordia.

Este comunicado se difunde antes de las elecciones para favorecer a la formación Amaiur, que previsiblemente configurará un grupo parlamentario, y para que el Ejecutivo socialista pueda esgrimir su parte en el logro de la pacificación. Pero también para que algunos de los pasos se lleven a cabo antes de que el PP pueda acceder al Gobierno.

Por cierto que, si las previsiones no se tuercen, hay muchas posibilidades de que sea el Gobierno de Rajoy el que tenga que entenderse con uno o dos grupos vascos pugnando en el Congreso por abanderar las exigencias sobera nistas -con ETA todavía sin haberse disuelto- y con el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones autonómicas vascas.

Los sindicatos no logran movilizar ni al 23 por cien de sus afiliados

Los sindicatos no consiguieron movilizar ayer ni a sus propios miembros en la protesta contra la reforma laboral. Según los últimos datos disponibles, las dos principales centrales (UGT y CC OO) tienen 1,2 millones de afiliados, mientras que las cifras de asistencia calculadas por la Policía en las principales ciudades españolas alzanzaron los 275.990 manifestantes –por los 1,3 millones de los convocantes–.

Es decir, que si todos los manifestantes fueran afiliados, ni siquiera habrían representado la cuarta parte de los sindicalistas «de carné» –sólo el 23,3%–. Obviamente, las cifras totales de seguimiento de la protesta incluyen tanto a afiliados como a personas ajenas a las centrales. Los «indignados» del 15-M, que dicen no sentir simpatía ni por los políticos ni por los sindicatos, también acudieron a la protesta al grito de «¡No nos representan! ¡Esquiroles!». También se pudo ver a ruidosos miembros de la formación anarco-sindicalista CNT, especialmente en los momentos previos a la lectura del manifiesto.

El PSOE aprovechó la protesta para escenificar su oposición total al Gobierno de Mariano Rajoy y se alineó con la protesta sindical a pesar de haber dejado el país con 5,3 millones de parados. Los socialistas no mandaron a toda su ejecutiva –faltó el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba–, pero sí estuvieron presentes el ex ministro de Empleo, Valeriano Gómez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Soraya Martínez, y Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y ex portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Madrid fue la ciudad que congregó a un mayor número de personas, un optimista medio millón según los convocantes y apenas 50.000 según la Policía. Al grito de «¡Huelga general, huelga general!», la comitiva, encabezada por los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los delegados en Madrid de ambas centrales,  Javier   López y José Ricardo Martínez, respectivamente, partió desde la plaza de Cibeles hacia la Puerta del Sol.

Poco después de las 13:00 del mediodía, el principal reducto de las protestas de la izquierda madrileña se llenó de gente. «¡Esta reforma la vamos a tumbar!», «¡la lucha es el único camino!» u «¡obrero despedido, patrón colgado!» fueron algunas de las consignas que se escucharon en las primeras filas, copadas de sindicalistas, algunos de muy avanzada edad.

En Barcelona, la protesta sirvió a sindicatos y partidos políticos para convertir la manifestación en un plebiscito contra CiU y sus relaciones con el PP. No es de extrañar, pues, que la oposición acudiera al completo, incluso la ex ministra Carme Chacón. Aun así, el descrédito de los partidos que conformaron el tripartito –PSC, ERC e ICV– sigue latente y la manifestación apenas aglutinó a 30.000 personas, según fuentes del departamento de Interior. Bajo el lema «Ni reforma laboral ni recortes», la marcha comenzó poco antes de mediodía y discurrió por el Paseo de Gracia hasta plaza Cataluña.

La manifestación transcurrió sin incidentes salvo un episodio aislado ante la Bolsa, cuando algunos asistentes arrojaron cubos de basura y algún petardo en la entrada. A lo largo de la marcha, los manifestantes corearon consignas como «no es una reforma, es una bomba»

Una marea humana pide a Rajoy

que corrija su política laboral

Una marea humana, con cientos de miles de personas en las

calles de 57 ciudades de toda España, respondió ayer a la llamada de los sindicatos en su primer envite al Gobierno. UGT y CC OO iniciaron así la escalada de movilizaciones con el ánimo de pulsar la voz de los ciudadanos contra las medidas de una reforma laboral que calificaron como “inútil” e “injusta”. Tan solo 59 días después de llegar Mariano Rajoy a La Moncloa, los manifestantes clamaron para que el Ejecutivo corrija el rumbo de sus políticas. Los líderes sindicales llamaron a la unión de todos los trabajadores y de la izquierda, y advirtieron que si el Gobierno no rectifica “avanzarán hacia una movilización creciente”. De momento, la posibilidad de una huelga general quedó en el aire.

Gobierno y sindicatos amplían la negociación para lograr un acuerdo sobre pensiones y mercado laboral

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que es peor no aplicar las reformas que hacerlo sin tener un consenso amplio. Pero también es consciente de que necesita un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma de las pensiones con vistas a las elecciones. Por este motivo, tal y como ha relevado hoy el secretario general de CC OO, el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores han ampliado el abanico de temas sobre la mesa de negociación más allá del sistema de pensiones para forzar un acuerdo global y evitar que las discrepancias en el retraso de la edad de jubilación provoquen un nuevo fracaso.

Así, Gobierno y sindicatos ahora también están hablando de negociación colectiva, un aspecto pendiente de la reforma laboral y para lo que se requiere la implicación de la patronal, o sobre empleo juvenil, entre otros asuntos. "En la situación económica en la que estamos se precisa de un gran esfuerzo que debe derivar en una gran concertación, cada uno con su responsabilidad, y sobre todo poner la vista mas allá de mañana", ha valorado Toxo en una entrevista a la Cadena Ser en la que ha abogado por alcanzar un gran pacto social.

Según ha anunciado el líder sindicalista, para lograrlo, los empresarios también se sumarán a las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno y los sindicatos. El Ejecutivo, por su parte, buscará un acuerdo con los partidos en el Congreso con el que reactivar el Pacto de Toledo. "El momento es muy distinto al de la reforma laboral", ha añadido Toxo antes de argumentar que la proximidad de las elecciones municipales, donde los sondeos auguran un correctivo para el PSOE, condiciona el resultado de los contactos.

Para Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de UGT, es necesario llegar a un pacto global con el Gobierno y con las organizaciones patronales que vaya más allá de la reforma de las pensiones y que incluya, entre otros temas, la negociación colectiva. Como para ello es necesario implicar a la patronal, Ferrer ha añadido que esta misma tarde propondrá a la CEOE retomar los contactos, congelados por el relevo al frente de la asociación de empresarios en diciembre.

Bajo el nuevo planteamiento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se ha mostrado confiado hoy en que el Gobierno y los sindicatos puedan acercar posturas en las próximas semanas, ya que, en su opinión, "hay avances tangibles" en las negociaciones maratonianas que se están llevando a cabo entre el Ejecutivo y las centrales.

Según ha añadido, las partes han "avanzado sustancialmente" y que las negociaciones "van bien y están vivas". El ministro, que ha asegurado que los sindicatos "ven la necesidad de que la elevación de la edad de jubilación no sea generalizada", ha reconocido que todavía hay diferencias sobre las condiciones y la forma en que se produciría el alargamiento de dicha edad. Para Toxo, sin embargo, los contactos sobre la propuesta de retrasar la jubilación de los 65 a los 67 años "están en un punto de dureza importante, porque la distancia es grande". En la misma línea, UGT advierte de que las negociaciones están en un momento "crítico" y han recordado la amenaza de movilizaciones, entre las que no descartan una nueva huelga general, en función de su resultado.

Con vistas a lo que sucederá a partir de ahora, Valeriano Gómez ha adelantado que las partes seguirán negociando en cuanto culmine el Consejo Confederal de CC OO y toda vez que UGT ayer consultó a sus órganos de dirección y consulta, aunque no ha precisado una fecha concreta. En todo caso, se ha mostrado convencido de que "puede haber posibilidades de vislumbrar un acuerdo en las fechas previstas", antes del 28 de enero, que es el día en el que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. No obstante, ayer las partes acordaron alargar el plazo inicial marcado antes de Navidades hasta el 25 de enero por si hiciera falta para lograr presentar a la opinión pública algo más que un nuevo fracaso del diálogo social.

Zapatero presiona a los sindicatos y advierte de que habrá reformas con o sin consenso

Madrid.- El presidente del Gobierno ha advertido a los sindicatos de que "cumplirá sus compromisos de reformas" con o sin consenso, y que en el primer semestre del año se van a culminar aquellas emprendidas en materia de finanzas, pensiones y empleo.

En la presentación del 'Informe económico de 2010' ante un nutrido grupo de empresarios y con la llamativa ausencia de los representantes de los sindicatos mayoritarios, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la falta de reformas es peor que "la ausencia de consensos amplios para fraguarlas y aplicarlas".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno seguirá tratando de alcanzar el mayor grado posible de acuerdo político y con los interlocutores sociales, porque considera que las reformas que antes surten efectos son las "compartidas".

Por esta razón, intentará "hasta el límite de sus posibilidades" los acuerdos para aprobarlas, pero ha insistido en que las reformas "son la clave" para fortalecer el crecimiento de la actividad y alcanzar la recuperación del empleo.

La más inminente, la de las pensiones, verá la luz el próximo 28 de enero. "Tendremos en cuenta las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los sindicatos", con quienes se está negociando en la actualidad, pero el presidente ha insistido en que es "imprescindible" retrasar la edad de jubilación a los 67 años por "razones demográficas", por el aumento de la esperanza de vida y por la evolución de la pirámide de población. "Actualmente", ha dicho, "hay cuatro personas en edad de trabajar por cada pensionista. En 2050, habrá 1,5 personas".

La reforma de las pensiones será "gradual, progresiva y flexible", teniendo en cuenta el tiempo efectivamente trabajado para poder retirarse con anterioridad a la nueva edad legal de jubilación y en función de la naturaleza del empleo desempeñado.

En cuanto a la reforma laboral, ésta se va a "completar" con las políticas activas de empleo, donde se pondrá el acento en la formación en lugar de los subsidios por desempleo.

Asimismo, el Gobierno "adoptará las medidas necesarias si los agentes sociales no logran un acuerdo en la negociación colectiva", orientada a que los empresarios tengan más facilidad para adaptar las condiciones laborales a la situación económica. Zapatero ha recordado que la actual estructura no se ha cambiado desde hace tres décadas.

Sobre el sistema financiero, el presidente ha reclamado a las cajas fusionadas que ejecuten de forma "rápida y eficaz" sus planes de reestructuración operativa e integración de actividades, lo que incluye el cierre de sucursales y el ajuste de plantillas.

El jefe del Gobierno ha insistido en que, "a pesar de la solidez general de nuestras entidades de crédito", subsisten dudas "sobre su vulneralidad frente a una evolución adversa de la economía y, en particular, de las consecuencias de la crisis del mercado inmobiliario"