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Duros impagos para el colectivo más frágil

Una especial acampada tenía lugar el pasado sábado en la plaza del Ayuntamiento de Paterna. Las tiendas correspondían a centros que atienden a personas con discapacidad y a los que la Generalitat millones de euros. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, por ejemplo, le debe la Consejería de Educación 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, que atiende 30 alumnos desde segundo de Infantil a los 16 años no tiene concierto y depende de un convenio con Educación que acaba de renovar tras protestar con el alumnado a la puerta de la consejería; la deuda es de 760.000 euros. A Torrepins, también de Torrent, le debe el Consell 300.000 euros.

 Eran solo una parte de los 14 los centros valencianos de educación especial concertados cuyo sostenimiento está amenazado por las deudas de la Generalitat. Pero los centros que atienden a personas discapacitadas afectados por impagos de Bienestar Social son muchos más, cerca de 250, explicaba Neus Carrasco, responsable de CC OO. La mayoría están impulsados por las propias familias. “El 85% son asociaciones sin ánimo de lucro y si no se establece un calendario de pagos, tanto las asociaciones como los trabajadores no van a poder aguantar”, advertía. Además, “la subvención no es el modelo de financiación idóneo”, subrayaba.

Estos centros se quejan de que Educación les debe dos semestres de este año y Bienestar Social el 40% de la subvención de 2013. Además, “Bienestar Social ha realizado un recorte del 10% del presupuesto” para estos centros, denunciaban los trabajadores en el manifiesto leído en la plaza de Paterna, antes de hacer un flashmob, una acción colectiva con la canción Revolución de Amaral. “Van a tener serias dificultades para garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad intelectual”.

Bajo el lema Respeto y dignidad para las personas con discapacidad, los casi cien empleados del Patronato Francisco Esteve han hecho durante dos años “marchas, jornadas callejeras, encierros familiares y profesionales, paros y manifestaciones”. Ahora, tras estar tres meses sin cobrar la nómina, “conscientes de la importancia de un colectivo tan vulnerable” como el que atienden, piden “respeto y dignidad para los trabajadores del sector de la discapacidad”. Solo cobran los maestros, que lo hacen directamente de Educación por concierto, pero no el grueso de la plantilla: educadores, fisioterapeutas o logopedas. Llueve sobre mojado. “El año pasado llegamos a estar cinco meses sin cobrar, de julio a noviembre”, explica Lore Muñoz, delegada sindical de este patronato. “Y no tenemos ninguna previsión de cobro a la vista”.

El Francisco Esteve es un complejo con un centro específico de Educación Especial, dos ocupacionales, un centro de día, otro de atención temprana y un servicio de empleo. Son muy diversas las prestaciones que proporcionan estas entidades a las personas con discapacidad. A la acampada de Paterna había llegado desde Alicante Asun Muñoz, portavoz del comité de empresa de APSA, que imparten también Programas de Cualificación Profesional Inicial, tienen viviendas tuteladas y centros de empleo con más de 200 discapacitados. “Aparte de tres meses si cobrar, estamos negociando ajustes y renuncias salariales”, explica esta sindicalista, que ha recurrido al Síndic de Greuges. “En nuestro caso, además, no hemos recibido nada de la deuda de Industria y Empleo de 2013”.

Calles de basura

La Puerta del Sol parecía el escenario de una velada de San Juan el pasado lunes. Hasta media docena de hogueras ardían simultáneamente junto al kilómetro cero y decenas de operarios de limpieza y jardines echaban sus chalecos amarillos y verdes para avivar las llamas de las que surgían unas pestilentes columnas de humo negro. “Con esos recortes no vive una familia”, comentaba con el uniforme intacto Daniel Martínez, operario del Servicio de Limpieza Urgente (Selur). Apenas faltaban un par de horas para la medianoche, cuando arrancó la huelga indefinida de limpieza viaria y jardines que ha convertido Madrid en un estercolero en menos de una semana.

En este tiempo, han ardido más de 170 contenedores y una veintena de vehículos de limpieza están dañados, 300 papeleras destrozadas y medio centenar de carritos estropeados. El Ayuntamiento ha arremetido contra la acción de piquetes violentos a los que califica de “guerrilla urbana”, ha habido una decena de detenidos —los últimos cinco, en la madrugada de ayer, no son barrenderos, según un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid— y sectores sensibles han lanzado la voz de alarma.

Comerciantes y hosteleros ven peligrar la campaña navideña, a la vuelta de la esquina, en un año especialmente aciago para el turismo de Madrid. Vecinos de todos los distritos de la capital tienen que sortear restos de todo tipo —papeles, sí, pero también trozos de carne putrefacta, radiografías, pañales de bebé, latas y orines— al entrar y salir de su casa. La estampa, en algunos casos, es nauseabunda. Estas son las claves de la protesta:

» ¿Se está limpiando la ciudad?Por motivos de seguridad y de salud, el Ayuntamiento decretó unos servicios mínimos que afectan al 40% de la plantilla de limpieza y al 25% de jardines. Pero, según han denunciado tanto el Consistorio como las contratas, los mínimos no se cumplen. El Ayuntamiento asegura que piquetes violentos impiden a los trabajadores salir de los cantones —los centros de trabajo, existen un centenar repartidos por la ciudad— para recoger desperdicios. Los sindicatos alegan que hay trabajadores que se quedan en los centros porque no tienen los uniformes de invierno, un extremo que las empresas niegan. En un recorrido por tres cantones de Carabanchel, uno de los operarios señalaba el miércoles que son los propios trabajadores los que no quieren salir “para defender su futuro”. En el cantón ubicado en la calle de Reus, dos miembro de un piquete incendiaron un contenedor ante el aviso — “desde dentro”, según señaló un piquete— de que iba a salir un camión a trabajar.

También hay zonas en las que salta a la vista que hay más basura de la que correspondería solo a no limpiar. El Ayuntamiento culpa a los piquetes de tener “interés en ensuciar más que en el simple hecho de no limpiar”. “Hacemos llamamientos constantes para que eso no ocurra, somos los primeros a los que no nos interesa porque nos echa encima a la opinión pública. Pero somos un colectivo muy grande y hay quien ya lo ha perdido todo”, dice Juan Carlos del Río, portavoz de UGT, el sindicato mayoritario en limpieza viaria.

» ¿Por qué protestan los barrenderos? Tres de las cuatro concesionarias del servicio (Sacyr, OHL y FCC Albéniz) presentaron un expediente de regulación de empleo (ERE) a mediados de octubre que afectaría, en principio, a 1.134 trabajadores de una plantilla de unos 6.000. A principios de agosto, las concesionarias ya despidieron a 350 personas que no fueron subrogadas en los nuevos contratos. La cuarta adjudicataria, Cespa, prevé bajadas de sueldo de hasta un 43%, según los sindicatos, en la negociación de un nuevo convenio del sector que afectaría a toda la plantilla. El perfil medio de los trabajadores es un hombre de entre 35 y 55 años de media, casado, con hijos, hipoteca y estudios primarios. Lleva entre 12 y 15 años en el sector y cobra en una horquilla desde 500 euros mensuales (el sueldo de empleados que cubren fin de semana y festivos) hasta unos 1.300 euros, según los sindicatos. La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) señaló antes del inicio de la huelga que la propuesta es “volver a las tablas salariales de 2007”, lo que supondría una pérdida de unos 200 euros mensuales por empleados según sus estimaciones.

»¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento? La limpieza viaria y el cuidado de jardines son servicios de gestión municipal, pero están externalizadas. El Ayuntamiento de Madrid ha defendido desde el inicio de las protestas que el conflicto “se inscribe” en un escenario de negociación entre empresas y sindicatos “ajeno al ámbito de competencias municipales”. El delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, señaló el jueves que las ofertas que llevaron a las concesionarias a lograr la adjudicación del servicio “son su responsabilidad” porque “nadie fija cuál es la baja de adjudicación que tiene que hacer una empresa”. El principal criterio para adjudicar el contrato municipal fue “el porcentaje a la baja sobre el presupuesto de licitación”, con hasta 80 de un máximo de 100 puntos. Las concesionarias asumieron el servicio por 1.943 millones, un 16% menos del presupuesto inicial. Un portavoz de las concesionarias indicó esta semana que el ERE planteado se debe a “causas organizativas y productivas” y que el “Ayuntamiento no incluye un mínimo de personal” a las contratas, “sino un criterio de exigencia”, a diferencia de los contratos anteriores. El viernes, la alcaldesa Ana Botella reaccionó ate la imagen de una ciudad cubierta de basura y reunió a las empresas en el Ayuntamiento para pedirles que lleguen un acuerdo, tras recordarles que les aplicará los descuentos que contempla el contrato por “situaciones excepcionales” como una huelga. La oposición (PSOE, IU y UPyD) reclaman a Botella que exija la retirada del ERE, fomente la negociación o anule un contrato que supone “una sangría” de despidos.

» ¿Cuánta basura hay en las calles? Más allá de las estampas que cualquier vecino puede contemplar al salir de su casa o pasear por las calles no hay cifras oficiales de los restos desperdigados por Madrid. La última gran huelga del sector —convocada en 1993, duró 32 días— dejó 300 toneladas de basura tras la primera semana de protesta, que afectaba solo a 14 de los 21 distritos de Madrid. La actual se extiende a toda la ciudad El decreto de servicios mínimos, publicado el pasado 4 de noviembre, especifica solo la cuantía anual media de recogida, algo más de 104.553 toneladas de residuos. El distrito con más restos es Centro, con casi 13.000. El que menos, Vicálvaro (1.692). Además de barrer, los trabajadores de limpieza viaria son quienes retiran las bolsas de basura que quedan fuera de los contenedores.

» ¿Está garantizada la salubridad? El decreto de mínimos alude a un informe de Madrid Salud, responsable de la salud pública de la ciudad, que señala que “la no recogida de estos residuos durante más de 48 horas puede suponer el inicio de procesos de descomposición y un riesgo añadido de proliferación de plagas”. Según una portavoz municipal, los inspectores de este servicio vigilan “estrechamente” las calles para evitar que eso se produzca. “Si se detectara una zona que pueda presentar problemas para la salud, decretaríamos una situación excepcional y actuaríamos de inmediato”, añade.

» ¿Hasta cuándo va a durar la huelga? “Este conflicto se puede extender meses, porque cuando nos dicen que vamos a morir de hambre, replicamos que las condiciones que nos quieren aplicar nos van a dejar en la exclusión social, no tenemos nada que perder”, señala Juan Carlos del Río (UGT). Tras la presentación del ERE, las centrales se han reunido cinco veces con las empresas y tres en la Inspección de Trabajo, según datos de CC OO, sin alcanzar acuerdo. Mañana lunes hay previsto un nuevo encuentro sobre el ERE. Ni la patronal del sector Aselip ni el portavoz de las contratas hacen una valoración sobre este asunto.

Ciutat Vella pide atención

"Concejal Mercè Homs, venga a vivir a mi piso unos días y sabrá qué pasa Ciutat Vella”. Hace dos años, José Álvarez, un vecino de la calle del Om, lanzó esta invitación a la edil del distrito, llaves en mano, durante una audiencia pública. Homs (CiU), que se había ofrecido al experimento cuando estaba en la oposición, declinó la propuesta. Eso sí, asistió a una reunión que Álvarez convocó con una veintena de vecinos y comerciantes. Allí expusieron sus quejas: el evidente trapicheo de drogas a escasos metros de la comisaría de los Mossos d’Esquadra, el ruido, el olor a orín en los portales, los gritos entre prostitutas y proxenetas, las jeringuillas en las aceras… Homs tomó nota y dejó sus datos de contacto.

Pero el cambio tranquilo que prometieron el recién llegado alcalde Xavier Trias y la misma Homs (su única atribución es gobernar el distrito) sigue sin llegar, creen muchos vecinos. “¿Novedades en mi calle estos dos años? Un club de fumadores de maría, un comedor social, apartamentos turísticos, más droga y un local de Döner”, explica Álvarez, asturiano de nacimiento y que vive en Barcelona hace 17 años. Y agrega: “No se vive una situación peor, es el barrio que mantiene la inercia. Es un equilibrio malo porque surge de una situación que se normaliza”. Hasta que algo lo rompe.

Ese fue el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez, hace poco más de un mes, tras ser reducido de forma violenta por un grupo de mossos en la calle Aurora, donde vivía. Las circunstancias de su muerte tienen al barrio en crispación. Desde el primer día, los vecinos se movilizaron para desmentir la versión oficial. De hecho, el video y los testimonios que pusieron en evidencia a los agentes salieron de algunos de ellos. Pero esas imágenes también revelaron cómo se empujaba de malas maneras a los transeúntes para que se alejaran. Y hasta una testigo aseguró en sede judicial que borró en presencia de una mossaimágenes de su móvil días después de los hechos.

Esta indignación ha llegado al distrito. Hace dos semanas, Homs fue objeto de un escrache durante el consejo de barrio de El Raval, por la falta de respuestas municipales respecto al operativo donde murió Benítez. Y el pasado jueves, en la audiencia pública, las asociaciones de vecinos fueron especialmente duras con sus críticas. En el escrache, más de un centenar de vecinos pidieron a la regidora que se pronunciara sobre la muerte del vecino. Pero los asistentes aprovecharon para hablar más. Afloraron viejas quejas sobre las formas y el abuso de poder de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana. Y también sobre el incivismo. Sobre el ruido. Sobre la inundación de terrazas y pisos turísticos. Lo de siempre.

Cuando Trias llegó al Ayuntamiento vendió la seguridad como prioridad. En la oposición no dudaba en sacarle los colores al entonces alcalde del PSC Jordi Hereu los recortes de prensa donde se vendía a Ciutat Vella como el paraíso de los carteristas. Y Trias cumplió. Saco mucho más la policía a la calle. Según cifras oficiales, este año los hechos delictivos en el distrito cayeron 11,7% con respecto al año pasado y se han hecho 7.868 detenciones. Desde Amics de la Rambla consideran la apuesta un acierto y le dan medalla a Homs. “Notamos más un incremento sostenido seguridad, por ejemplo, los trileros han desaparecido”, asegura un portavoz. Una idea que respaldan muchos comerciantes. Y piden más.

Hace casi un mes, el Consistorio cerró siete pisos que funcionaban como meublés ilegales en el Raval. Todo enmarcado en la lucha personal de Trias contra la prostitución, que ya prohibió en la calle. “Los agentes entraban con chalecos antibalas, como si estuvieran en una guerra”, se queja Clarisa Velocci, de la Asociación Genera, que ayuda a trabajadoras sexuales en Barcelona, el colectivo que más se queja de los abusos. Un comportamiento agresivo que también denunciaron los dueños y asistentes a varios bares de Ciutat Vella, como La Bata Boatiné, la madrugada del 28 de junio, el día del orgullo gay. El operativo dejó diez denuncias por tenencia de estupefacientes y cuatro detenidos por robo, entre otros. “Tiene que haber órdenes políticas para que la policía actúe de la manera que está actuando”, cree Velocci.

“La especulación ya no es inmobiliaria, es turística. Y eso requiere imponer una sensación de seguridad”, opina Álvarez. “Ves más patrullas que intervienen en delitos, pero no ves avances en la convivencia, que afecta a los pocos que vivimos aquí. Las bicis pasan por la Rambla o la gente orina en la calle y la Guardia Urbana no dice nada”, dice Álvarez.Ciutat Vella tiene 207 de los 52 establecimientos turísticos de la ciudad y 3,459 mesas en terrazas. Y un total de 10.839 plazas hoteleras.

Las asociaciones del Casco Antiguo, del Raval y de L'Ostia coinciden en el diagnóstico. Hasta en la seguridad, creen, Ciutat Vella se dobla al turismo. “Para quedar con un vecino o una amiga tienes que consumir en una terraza, porque sino no hay espacio”, dice la líder vecinal María Mas. “Llevamos años recogiendo los vicios de la ciudad. Y ahora nos invaden los bares de cannabis”, dicen desde la mesa vecinal. Josep García, de la asociación del Raval, dice que ha contado 14. Homs explicaba que no tenía competencias para prohibirlos.

"Hay más incidencia de delitos en el Eixample, por ejemplo. Y los de Ciutat Vella afectan más a turistas”, asegura Gemma Galdón, que no solo vive el barrio sino que es experta en seguridad. “La mayor presencia de policía no implica una mayor sensación de seguridad. Tiene la doble vertiente. Depende del punto de vista del ciudadano, sus valores..”, explica. Y alerta: muchos relacionan pobreza con inseguridad.

Botella congela el gasto social y sube los impuestos en 2014

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha presentado esta mañana los presupuestos municipales para 2014, que incluyen una notable subida de impuestos pero no así de servicios para los ciudadanos. Tras el fortísimo recorte de 2012 y 2013, el dinero destinado a mejorar la vida de los madrileños se congela a niveles de hace 10 años; crece sin embargo la partida destinada a pagar la deuda a los bancos, que consume uno de cada cuatro euros que entran en las arcas del Ayuntamiento.

Suben los impuestos. El Ayuntamiento prevé ingresar 4.447 millones de euros en 2013, un 3,4% más que este año. Este incremento se explica fundamentalmente por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, que supone una cuarta parte de los ingresos municipales. En 2014 se encarecerá un 6,4% debido a la actualización del valor catastral de las viviendas que impulso el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), y al suplemento extraordinario aprobado por el Gobierno central (PP) para ayudar a los municipios a pagar sus deudas. También subirán el Impuesto de Vehículos y el Impuesto de Actividades Económicas (un 2%). Las tasas permanecen igual a excepción de la de basuras, que baja un 12% en consonancia con la disminución prevista en el servicio en los próximos meses. Además, se incrementa de 35 a 80 millones el dinero que el Ayuntamiento espera obtener de la venta de terrenos y edificios.

La alcaldesa anunció hace semanas una bajada de impuestos, pero tiene previsto llevarla a cabo fundamentalmente a partir de 2015, es decir, después de las elecciones municipales, a las que no ha querido desvelar si se va a presentar como candidata y que, en todo caso, podría no ganar. Este año, el Ayuntamiento ha aprobado un paquete de bonificaciones fiscales muy modesto (70 millones), del que se beneficiarán tanto las familias con escasos recursos y los emprendedores como las grandes empresas como el hotel Ritz o McDonalds.

Se consolidan los recortes. El presupuesto de gastos para 2014 asciende a 4.447 millones, una cifra muy similar a la de hace 10 años, cuando Gallardón acababa de llegar a la alcaldía. Crece un 3,4% respecto al año anterior, lo que para Botella “es la prueba de que el Ayuntamiento está superando los efectos de la crisis”. Olvida sin embargo que el gasto municipal sigue muy por debajo del nivel de 2012, es decir, que antes de que Botella aprobara sus recortes sucesivos.

El gasto en personal se mantiene prácticamente invariable. Dentro del Ayuntamiento no están previstos despidos (habrá 281 bajas por jubilaciones o traslados), aunque sí los habrá en sus empresas municipales. El Ayuntamiento tiene 25.577 puestos de trabajo (pierde 188) y los organismos autónomos tienen 2.395 (pierden 93); en total, son 28.872 puestos, 2.445 menos que en 2009 debido siempre a jubilaciones y traslados, puesto que los despidos se han concentrado en las empresas municipales (no incluidas en esta contabilidad).

El gasto en bienes y servicios para los madrileños se redujo el año pasado un 10,3%, y ha mermado ya casi una cuarta parte desde 2008. En 2014 crecerá sólo un 1,2%, es decir, 20 millones de euros, y seguirá al mismo nivel que hace 10 años.

El gasto en inversiones (para modernizar mercados, peatonalizar calles, abrir bibliotecas, construir carriles bici, etcétera) cayó el año pasado un 45% hasta los 124 millones. En 2008, eran más de 800 millones. En 2014, crecerá hasta los 182 millones, muy por debajo del nivel mínimo para que la ciudad no se caiga a pedazos. Para compensar esta carestía, el Ayuntamiento ha licitado un contrato que contempla que empresas privadas inviertan 150 millones el año que viene, fundamentalmente en un plan de choque para arreglar las calles y aceras, muy deterioradas tras años de falta de mantenimiento.

Se congela el gasto social. “Se ha completado la parte más intensa del ajuste”, ha asegurado esta mañana la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa. Sin embargo, Madrid seguirá 10 años más con sus cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda debido a su tremendo endeudamiento. Y las partidas dedicadas a las diferentes áreas de Gobierno apenas se recuperarán en 2014 de los recortes de años anteriores.

Medio Ambiente y Movilidad gana un 2,2% hasta los 1.180 millones, y Seguridad crece un 0,1% hasta los 402 millones. Sin embargo, estas dos áreas, que el año pasado estaban unidas (se separaron a consecuencia de la tragedia del Madrid Arena) sufrieron sólo en 2013 un recorte del 4,7%. El área de Economía y Hacienda gana también, un 2,25%, hasta los 402 millones; sin embargo, el año pasado perdió un 18% de presupuesto. El área de Urbanismo crece un 9,9% hasta los 175 millones, frente a la rebaja del 27% del año pasado. Y el área de Las Artes, en cambio, pierde un 5,5%, hasta los 131 millones, que se suma al recorte del 20,4% del año anterior.

El área de Asuntos Sociales perdió un 12,7% de presupuesto el año pasado, a lo que se sumó un recorte del 3,1% en los distritos, que concentran fundamentalmente gato social (ayuda a domicilio, etcétera). En 2014, el área se queda con lo puesto, 209 millones, pero la partida para los distritos disminuye de nuevo, un 1,6%, hasta los 501 millones.

Aumenta el dinero pagado a los bancos. El Ayuntamiento prevé acabar este año con 7.074 millones de deuda. Cuando Gallardón dejó la alcaldía, en diciembre de 2011, para convertirse en ministro de Justicia, eran 6.348 millones. Desde entonces, Botella no ha aumentado la deuda, pero no han dejado de aparecer pufos ocultos de la etapa anterior.

La alcaldesa parece decidida a que su principal legado para la ciudad sea precisamente reducir su endeudamiento. Así, en 2014 prevé que baje hasta los 6.204 millones, a costa de pagar 870 millones a toca teja a los bancos, más otros 313 millones por los intereses. Esta última cifra es un 3,5% superior a la del año pasado, y explica también por qué el presupuesto de 2014 es mayor que el de 2013. En total, el Ayuntamiento abonará 1.183 millones a los bancos, es decir, uno de cada cuatro euros presupuestados.

El Ayuntamiento reserva además 30 millones servirán para cubrir los pleitos por intereses de demora.

Se reduce el tiempo de pago a proveedores. El Ayuntamiento gastará en 2014 el mismo dinero que ingresa. Botella ha presumido esta mañana de ese equilibrio presupuestario, aunque ha evitado explicar que es obligatorio porque viene marcado en la Constitución y es fruto además del estricto plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento. “No se puede gastar más de lo que se ingresa”, ha recalcado la alcaldesa como su "convicción política".

También se ha enorgullecido de que en 2014 se pagará por primera vez a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, es decir, el obligado por ley desde 2010. El Ayuntamiento abonaba sus facturas con hasta nueve meses de retraso hasta recibir más de 1.300 millones de euros en dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus pagos atrasadas. En la actualidad, se paga a 60 días, es decir, al doble de lo que marca la ley.

“Tras dos años de importantes esfuerzos de ahorro, el Ayuntamiento se encuentra en un estado económico que empieza a ser favorable para impulsar la salida de la crisis, y esto va a tener un efecto positivo en toda la ciudad de Madrid”, ha añadido la alcaldesa esta mañana.

La ponencia pide blindar el suministro de agua, luz y gas a familias empobrecidas

La dirección del PSOE, que ha ido publicitando durante meses las propuestas que iba incorporando a la ponencia marco de la Conferencia Política, dejó para el día de la inauguración de la cumbre dos que tienen especial impacto en el sector de la población más empobrecido y golpeado por la crisis. Una rebaja de impuestos a las rentas inferiores a 16.000 euros —adelantada este viernes por el PAÍS— y una iniciativa para prohibir por ley que se le pueda cortar el suministro de agua y —en invierno— de luz y gas a las familias que no puedan pagar esos servicios "por estar en situación de pobreza".

"Ningún ciudadano puede verse privado de estos servicios esenciales. Es necesario aplicar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión", explicó el partido en una nota en la que comunicaba que la medida será incluida en la ponencia. Consistiría en crear un "derecho ciudadano al agua y a la energía" que garantice, por un lado, que ningún hogar pueda ser privado de "un mínimo de cobertura de subsistencia" de luz y gas "entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo"; y, por otro, que no se suspenda el suministro de agua a una familia "cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago, hasta tanto se tramiten las posibles ayudas sociales".

Es la última propuesta de una ponencia que contiene muchas más y a la que podrán incorporarse otras entre hoy y mañana, porque se han presentado 12.600 enmiendas. En la conferencia participan 750 miembros del PSOE y 250 representantes de colectivos sociales, que tienen voz y voto. Estas son algunas de las propuestas ya anunciadas en estos meses:

» Cambios en la Constitución. La reforma constitucional más importante —la del modelo territorial para reconocer una "singularidad" a Cataluña— no está en la ponencia porque no va a someterse a debate en la conferencia. Pero a esa, que fue la inicial, se han ido añadiendo muchas más en estos meses. Entre otras: reconocer en la Constitución la sanidad pública como derecho; crear un "fondo de garantía del Estado del bienestar" que asegure el gasto público —reverso de la reforma exprés que el PSOE pactó con el PP en 2011 para poner un corsé al gasto público—; facilitar el voto de inmigrantes en elecciones municipales; introducir "un concepto de familia amplio" en la Ley Fundamental; declarar inconstitucionales las amnistías fiscales o garantizar el "derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad" (sin incluir específicamente el derecho al aborto).

» Reforma fiscal. Los socialistas no plantean cambiar los tipos y tramos del IRPF: ni subirlos ni bajarlos. Pero sí pretenden "ampliar las bases imponibles" y lograr que paguen "quienes ahora no pagan", unificando en un nuevo "impuesto sobre la riqueza" el de la renta y el de Patrimonio. Solo habría bajada de impuestos para personas con rentas inferiores a 16.000 euros (sean estas trabajadores con hijos, pensionistas o parados). Además, la ponencia defiende recentralizar parcialmente el impuesto de sucesiones y donaciones, hoy autonómico, para que el Estado fije un tipo mínimo inamovible; subir los impuestos a las grandes empresas; imponer una doble tasa a los bancos y a los bonus de sus directivos; y pedir a la Unión Europea la creación de un IVA para bienes y servicios de lujo y el fin de la exención de ese impuesto a colegios y hospitales privados no concertados.

» Ley electoral, cargos públicos. El PSOE no asume un cambio en la ley electoral para hacerla más proporcional —el cambio que piden los partidos más perjudicados, IU y UPyD—, aunque sí modificaciones para acercar a electores y elegidos, como las listas semiabiertas (algo que ya defendió en 2011); también propone endurecer las incompatibilidades de cargos públicos y prohibir por ley las donaciones privadas a los partidos. Entre los cambios para dar una mayor permeabilidad del Parlamento figuran la creación de una comisión de peticiones ciudadanas y medidas para facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares.

» Lucha contra la corrupción. La ponencia solo se compromete a "valorar la idoneidad de aquellos imputados en procesos penales" para decidir su inclusión en las listas electorales. Y a "recomendar la dimisión de cargos públicos del partido cuando existan indicios considerables de actuaciones poco éticas o ilegales"; eso se someterá a debate, porque hay decenas de enmiendas que piden prohibir directamente la inclusión de imputados en las listas, informa Europa Press. Muchos militantes reclaman también limitar el aforamiento de parlamentarios en casos de corrupción.

» Laicidad. El PSOE se compromete a pedir —o acometer, si gobierna— la revisión del concordato con la Santa Sede, el marco de relaciones del Estado con la Iglesia católica. Defiende retirar símbolos religiosos de edificios públicos (aunque no en todos los casos) y vuelve a anunciar la ley de libertad religiosa que anunció en 2008 y luego aparcó. La ponencia propone de forma genérica avanzar en la autofinanciación de la Iglesia, explorando fórmulas alternativas a la aportación de la casilla del IRPF.

» Políticas de igualdad. Los socialistas irán a las elecciones con listas cremallera (con igual número de hombres y mujeres en puestos de salida). Y proponen una "ley de igualdad salarial" para someter a las empresas a controles exhaustivos que eviten que puestos laborales idénticos tengan sueldos distintos para hombres y mujeres (algo que ya es ilegal), informa María R. Sahuquillo.

» Cambios en el partido. El PSOE aprobó en el congreso federal de 2012 las primarias abiertas a no militantes —es decir, a todos los ciudadanos interesados— para elegir al próximo candidato electoral, probablemente el cambio orgánico más importante de la historia reciente del partido. En esta conferencia política se debatirá sobre cómo aplicarlas, aunque en principio no se fijará aún reglamento (requisitos para votar, avales, número de vueltas) ni fecha. También se hablará sobre la posibilidad de que los militantes elijan al próximo secretario general (lo que supondría otro cambio radical). La ponencia se muestra favorable a buscar "fórmulas" para incorporar esa novedad, que no está en los estatutos del PSOE. La conferencia política aprobará, por último, un nuevo código ético y nuevas formas de participación, como la "afiliación 2.0".